Una apretada agenda reservó este domingo a los parlamentarios la comisión de Asuntos Económicos, la cual puso a debate las medidas adoptadas con las empresas que presentaron de forma reiterada resultados negativos en su gestión y las fiscalizaciones realizadas a entidades que afectan el cumplimiento del plan de la Economía y la ejecución del Presupuesto, debido a violaciones en el control interno.
Sobre el primero de los temas, el diputado Armando Utrera Caballero, vicepresidente de la Comisión, informó que al cierre del 2014 terminaron con saldos negativos en su gestión un total de 123 empresas, de las cuales 87 tenían planificadas utilidades por un monto de 75 millones 691 000 pesos y perdieron 322 millones 785 000 pesos.
A partir de estos resultados, dijo, fueron analizadas aquellas entidades que durante dos o más años habían cerrado con pérdidas, examen que contabilizó 56 empresas, donde el 73 % de ellas pertenecen al Ministerio de la Agricultura (Minag).
Luego de la conciliación con los organismos, trascendió que “se extinguen 24 de las empresas con deterioros sostenidos en sus indicadores desde el año 2012, otras seis tienen aprobado por la Comisión Económica Financiera trabajar con pérdidas hasta el 2016, mientras que se prevé la recuperación de 26 durante el año en curso, a partir de acciones planificadas por las propias entidades o por cambios en el sistema de financiamiento a recibir del Presupuesto del Estado”, comentó.
Del Minag específicamente, que concentra el mayor volumen, 23 tienen prevista su extinción y se encuentran en diferentes fases de ese proceso;16 deben enrumbar sus resultados económicos durante este 2015; y otras dos entidades (las agropecuarias Bayamo y Estévez Ruz, ambas de la provincia de Granma) estiman recuperarse el próximo calendario.
Según el informe presentado, el Grupo Empresarial Azcuba, que también cuenta con cinco empresas con pérdidas, prevé su recuperación este año, luego de efectuar un grupo de acciones que le ha permitido recuperar su gestión y en estos momentos muestran resultados positivos en sus estados financieros.
Entre las causas que dañaron el desempeño de dichas entidades en periodos anteriores figuran incumplimientos en los planes de azúcar durante la zafra, ineficiencias industriales, lo cual trae aparejado el consumo de más caña por tonelada de azúcar y el incremento de los costos, así como deficientes reparaciones y falta de una adecuada administración en las empresas.
Además se conoció que al cierre del primer trimestre de este año 65 empresas muestran pérdidas por un monto de 46 millones 84 000 pesos.
Durante las fiscalizaciones realizadas por los diputados en dicho periodo se comprobó, de acuerdo con Utrera Caballero, que en los primeros meses del 2015 existían entidades que no tenían en su poder el plan aprobado. Se evidenció, además, que aún persisten dificultades en el proceso de planificación, pues en varias empresas lo previsto difiere sobremanera de lo real obtenido.
De igual forma, los parlamentarios recomendaron continuar trabajando en el proceso de redimensionamiento empresarial en aquellos organismos que presenten entidades con indicadores negativos en su gestión.
En su segundo día de sesiones los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos también intercambiaron sobre los resultados derivados de las visitas a 34 municipios del país, pertenecientes a las provincias de Las Tunas, Holguín, La Habana y Sancti Spíritus, con el propósito de fiscalizar la implementación de las medidas que aseguran el cumplimiento del plan de la Economía.
La diputada Isis Diez, del municipio Las Tunas, comentó que fue revisada la aplicación de la Resolución 17, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 25 entidades de las provincias Holguín, Las Tunas, La Habana y Sancti Spíritus.
Tales controles arrojaron que existen entidades que no tienen actualizada la guía de autocontrol de la Contraloría General de la República ni los trabajadores dominan su contenido, persisten deficiencias en el control interno y en la gestión de los recursos humanos, pagos sin respaldos productivos, lo que afecta el Presupuesto del Estado, así como insuficiencias en el proceso de contratación que propician condiciones para presuntos hechos delictivos.
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