No hay pimentones, ni tomates, ni ajíes. El paisaje
es único: monte y escombros arropados por 20 tubos arqueados que sostienen los
invernaderos que ha venido prometiendo el gobierno venezolano. Más atrás, hay
otra casa similar con forma de capilla, cubierta a los lados por una tela de
malla muy cerrada a la que no penetra ni un mosquito. Pero el resultado es el
mismo: la maleza crece en los alrededores hasta uno, dos y tres metros de
altura sin ninguna señal de cultivo en aquel rincón escondido de la urbanización
La Unión de San Carlos, ciudad capital del estado Cojedes, en la región central
del país.
Más de 50 millones de bolívares fueron presupuestadas
para una serie de invernaderos que poco funcionaron. Foto: Cristina González.
Los residentes, en tono de broma, la nombran “San
Calor”, entre un sol penetrante a 30 grados centígrados, sudor a chorros y
pocas sombras. Algunos dicen, entre risas, que la densidad del aire
distorsiona, de a momento, las imágenes (como en los desiertos o las películas
del Lejano Oeste). Un pueblo donde los invernaderos abandonados de La Unión
parecen desentonar: aún cuando llueve, permanece cálido. “Y hasta empeora”,
asegura un taxista, risueño. Por eso, el Gobierno nacional a veces las llama
“casas de cultivo protegido” en lugar de “invernaderos”: una propuesta de
desarrollo socio-productivo en clima tropical que hoy –literalmente– da pocos
frutos.
Hasta junio del año pasado, el ministro de
Agricultura y Tierras (MAT), Yván Gil, calculaba 500 “casas de cultivo
protegido” instaladas en territorio nacional para la siembra y cosecha de
hortalizas mediante un convenio desarrollado con Cuba. Pero al final, sólo
suministraron 365 de las 500 casas de cultivo prometidas, según precisa el
mismo ministerio en su Memoria y Cuenta del año 2011.
En la urbanización La Unión de San Carlos, los
vecinos recuerdan el inicio del proyecto hace poco más de un año: personas
vestidas de rojo tardaron entre cinco y siete meses en construir las casas que
hoy se despedazan. Algunos residentes recibieron capacitación técnica los
primeros días, hasta que los instructores dejaron de visitarlos por razones que
aún desconocen. El consejo comunal debía asumir las actividades agrícolas
–según uno de los antiguos miembros–, pero sus elecciones tienen dos años de
retraso.
Aunque la asistencia técnica es cubana, algunos
equipos provienen de Europa, según convenios públicos, miembros de comunas y
expertos en tecnología vegetal. El llamado poder popular, sin orientación ni
vigilancia, no sabe qué hacer con aquello –lo último en tecnología de
invernaderos– a pocos metros de su hogar, mientras la crisis inflacionaria
eleva cada mes el costo de las hortalizas.
La Memoria y Cuenta de 2011 del Ministerio de
Agricultura y Tierras registra el proyecto de suministro de 56 hectáreas de
“casas de cultivos protegidos” en los estados Aragua, Carabobo, Cojedes y Lara,
entre junio de 2010 y junio de 2011. Se trata de un convenio con Cuba basado en
la adquisición y transferencia tecnológica de más de 500 casas de cultivo de
800 metros cuadrados, en modelo tropicalizado, por un monto de 50.931.154
bolívares.
Al final sólo se instalaron 22 hectáreas de
cultivos protegidos en el eje central del país en relación a las 40 hectáreas
estipuladas; Cuba sólo suministró 365 de las 500 que le correspondía levantar.
El hoy ministro de Agricultura de Venezuela, Yván
Gil, presentó en 2012 como un "ejemplo" los invernaderos que han languidecido
en estados como Carabobo y Cojedes. Video: YouTube/Minppat.
El Ministerio de Agricultura y Tierras renovó el
contrato: “El Proyecto fue evaluado en la XI Comisión Mixta del Convenio de
Cooperación Integral Cuba Venezuela, es decir, fue aprobada la Fase II
(Continuidad), lo que lleva a una modificación en los presupuestos asignados”,
expone el documento oficial. Los informes de gestión posteriores del ministerio
no hacen referencia particular a este acuerdo, e incluyen distintas Unidades de
Producción Socialista (UPS) y Empresas de Producción Social (EPS) –estructuras
de producción de bienes y servicios dependientes del Estado– en la dinámica del
cultivo protegido en invernaderos, sin especificar la procedencia de las
instalaciones, ni en algunos casos los entes responsables de la ejecución de
los planes.
Venezuela cuenta con 300 hectáreas de invernaderos
instalados, desde que comenzó la producción comercial de estos equipos en el
año 2000, destinados principalmente a la siembra de tomate, pimentón y flores,
de acuerdo con un estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Los
Andes (ULA) de este año. El informe da cuenta de la ausencia de estadísticas
regionales de la producción total en invernaderos, así como de cuánto
representan, en términos porcentuales, en la producción nacional de cada rubro.
También concluye debilidades técnicas: “Debido al poco tiempo de
establecimiento de los invernaderos en Venezuela, el número de personas
capacitadas que manejen eficientemente este tipo de estructuras de cultivos es
bajo. Venezuela no estaba preparada para un crecimiento tan rápido como el
ocurrido en los últimos cinco años y probablemente se ha avanzado por ensayo y
error”.
Desde 2011, medios de comunicación y líderes
políticos denuncian el abandono y deterioro de las “casas de cultivo protegido”
más llamativas: las enormes estructuras plásticas, rotas y mugres, dispuestas a
un lado de la Autopista Regional del Centro, entre el kilómetro 71 y 96, que
presuntamente debían ser administradas por los consejos comunales del sector
Trapiches del Medio. Como en La Unión, a mayor escala.
Una cuadra promedio de la zona colonial del centro
de Caracas mide 100 metros de largo y 100 metros de ancho (10.000 metros
cuadrados), que equivale a una hectárea. Los invernaderos del convenio
Cuba-Venezuela equivaldrían, en total, a 56 cuadras caraqueñas sembradas de
tomate y pimentón. Pero las fallas de asesoría técnica no es el único obstáculo
de la promesa: la tecnología seleccionada es cuestionada en el gremio agrónomo.
Las zonas calientes de Venezuela (como ‘San Calor’)
requieren mayor intercambio de aire que el que permiten las mallas de los
invernaderos europeos diseñados para climas más fríos. En el caso venezolano,
una malla antiáfido o anti-insecto –barrera física permeable que impide la
entrada de insectos que afecten los cultivos–, dificulta la respiración de las
plantas. “Si yo compro un paquete cerrado a un proveedor internacional sin
tener el concepto de dónde la voy a utilizar, puedo traerme la malla que al
proveedor le interese venderme, y la más cara es la más tupida, que es como un
mosquitero o un tul de novia”, explica un especialista que reserva su identidad
por temor a represalias contra su compañía, que tiene contrato con entes
privados y públicos.
Aunque se intentó contactarlos, en el Ministerio de
Agricultura y Tierras no dan respuestas sobre los invernaderos que no fueron.
Foto: Cristina González.
Los insectos no sólo pueden entrar por las paredes
sino también adheridos a la ropa de quienes ingresan al invernadero o casa de
cultivo. Por ello, es necesaria una serie de mecanismos previos para controlar
el acceso a la zona de producción: usar ropa de seguridad y puertas de acceso
con barreras sanitarias: una cortina de viento, una pre-cámara, otra cortina de
viento y otra puerta con presión positiva (con viento desde el interior de la
estructura hacia la cámara de afuera para terminar de expulsar los elementos
contaminantes de la persona). Invernaderos importados visitados por expertos
carecen de esos componentes. En Europa, algunos tienen varias barreras y otros
no: depende del cultivo. El invernadero de La Unión sólo presenta una
pre-cámara simple.
Algunos de los proveedores son la empresa española
Grupo MSC y la compañía holandesa Dalsem, reconocidas en el negocio
internacional de invernaderos como tecnología de punta. “Nos entregaron un
Ferrari y no sabemos manejarlo (…) El despilfarro que se ha hecho en estas
estructuras es enorme. Un grupo de agrónomos estamos preocupados, no sabemos
qué hacer”, dice otro especialista.
Iraselis Marco, a diferencia de los sancarleños,
fue testigo de esa bomba de tiempo: conoció los invernaderos de la Unidad
Productiva Julián López –en el estado Carabobo–, quedó impactada con su
majestuosidad y se incorporó a las labores del comedor de los productores
agrícolas, hasta que la casa de cultivo fue intervenida. “Ahí se cultivaban
tomates con algo que fue traído de un país nórdico, y en espacios muy fríos
esas son cuestiones muy sofisticadas, y eso colapsó porque los productos
que se usaban allí son importados y era difícil traerlos por la situación del
país. Entonces se secaron buena parte de las matas de tomate porque no llegaron
los insumos”, lamenta. Hoy esos invernaderos están bajo administración militar.
La presidenta de Fundaimagen –organismo adscrito a
la Gobernación de Cojedes–, Nataly Peña, afirma desconocer el estado de las
casas de cultivo de La Unión. Enumera otros logros de su institución: un vivero
comunitario de más de 15 mil plantas, una unidad de lombricultura, viveros en
escuelas. Nada sabe de invernaderos. Algunos vecinos del sector dicen que son
una obra de la Gobernación, pero el ingeniero José Pernía, encargado del área
de Infraestructura del estado, lo niega. Hasta la fecha, la coordinación de
prensa del Ministerio de Agricultura y Tierras aún no responde a la solicitud de
entrevista de Armando.info sobre el tema.
No hay consejo comunal u otra organización vecinal
que presione una respuesta. “Eso es un acto de corrupción, a nosotros nos
dijeron que esas mallas eran carísimas”, dice una señora de la cuadra, y
continúa sus labores caseras. Algunos se quejan, otros prefieren no opinar por
desconocimiento. Alguna vez fue diferente: en 2007 el consejo comunal de La
Unión tenía una página web, con su lista de voceros, proyectos ejecutados,
proyectos en proceso, proyectos venideros, una galería de fotos, las leyes del
Poder Popular y números de contacto. Una labor de contraloría impulsada por uno
de los residentes. Hoy, la propuesta tecnológica de soberanía alimentaria se
pierde entre las irregularidades estatales y la indiferencia del Poder Popular.
(*) Este reportaje contó con la reportería de
Alexander Olvera.
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